La transición
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Treinta y nueve años después de iniciarse la guerra vuelve la democracia a España, pero muchas cosas han cambiado. España es ahora, en 1975, un país de economía recientemente industrializada, con una sociedad clasista en la que ha aparecido un amplio sector de clases medias y en la que la movilidad social debido a la evolución económica da una esperanza de futuro a unas clases populares la mayoría de las cuales no vive en la extrema miseria que conocieron sus padres. A partir de entonces, el Estado del Bienestar, la mejora del nivel cultural y la crisi económica, cada elemento a su manera, han ido borrando la distancia entre las profesiones liberales y las capas altas de los asalariados que constituyen la mayoría de la sociedad, y sirve de amortiguador entre los dos extremos minoritarios, la alta burguesía y sectores asalariados de baja cualificación. En esta sociedad aburguesada, la clase obrera revolucionaria es casi inexistente, los conflictos sociales –y la crisis económica dará pie a muchos de ellos- se intentan resolver de manera más o menos pacífica y los derechos adquiridos en la naciente democracia lo facilitan. También el panorama político se caracteriza por la moderación y el abandono de los radicalismos conduciendo a una situación de predominio de pocos partidos entre los que las diferencias no son grandes porque todos rozan la situación de centro –centro derecha, centro izquierda-. En esta sociedad española definitivamente aburguesada, en la que se ha relegado la revolución y el fascismo no es necesario, el liberalismo democrático (llámese democracia cristiana o social-democracia) se impone. La evolución española, entre la que destacamos la pertenencia a un nuevo Estado, la Unión Europea, no solamente ha acercado a España a los países avanzados occidentales a nivel económico-social -guardando siempre una respetable distancia-, también ha diluido aquellos condicionantes que el liberalismo anterior no había conseguido superar para consolidar la democracia: una economía agraria, la miseria de una parte importante de la población y la problemática política que todo ello conllevaba: enfrentamiento centralistas-anticentralistas (autonomías), proletariado-burguesía (predominio de una clase media más o menos proletarizada), católicos-anticlericales (laicismo). Naturalmente, quedan residuos de esas luchas, pero disuelta, de momento, la amenaza revolucionaria, las concesiones de la burguesía dominante permiten, de momento, que la democracia liberal aparezca como el mejor de los sistemas posibles para los españoles (al igual que para los europeos quienes también en los años 80, el fin de la Guerra Fría, conocen su transición con la crisis de los PC y del Estado del Bienestar, la globalitzación y , en general, la decadencia de les fuera de izquierda ).
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La evolución socio-económica
Si los años sesenta fueron los de mayor crecimiento demográfico de la Historia de España, la década 80-90 supuso la interrupción de este aumento de la población para dejar paso primero a un bajo crecimiento y al estancamiento posterior, con tasas de mortalidad y de natalidad muy bajas (en 1994 la tasa de fecundidad llegó a ser una de las más bajas del mundo). Según el censo de 1990, se mantuvo la mayor densidad de población en el litoral (2/3 partes) y el fuerte desequilibrio entre la población urbana (el 75%) y rural debido a que le emigración interna campo-ciudad continuó aunque con menos fuerza. En cambio, se pone fin a la emigración exterior (incluso se observa el retorno de emigrantes debido a la crisis económica de los 70) y se inicia la primera gran oleada inmigratoria de la historia de España (el saldo migratorio empieza a ser positivo).
A partir de los setenta la agricultura que predomina es una agricultura industrializada, con cultivos diversificados, inversiones tecnológicas y el consiguiente incremento de la producción, que se ve afectada pòr la crisis económica y por la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 que obligó a un proceso de reconversión agrícola intenso según directrices de la PAC (Política Agraria Comunitaria) cuyo objetivo era el incremento de la productividad (hasta ahora bastante inferior a la media de los países avanzados europeos), la expansión del regadío en detrimento del secano (el 85% de la superficie cultivada) y la eliminación de las explotaciones improductivas. Todo ello acentuó la concentración de la propiedad en las zonas de latifundismo y la supresión de muchas pequeñas propiedades en el resto, donde llegarán a predominar las medianas explotaciones de carácter familiar con pocos asalariados. También la ganadería conoce las imposiciones de la PAC tendentes a la disminución de la ganadería bovina por su poca rentabilidad.
El sector industrial español, ya con importantes limitaciones en su proceso de industrialización como son la escasez o la baja calidad de fuentes de energía –petróleo, gas natural, carbón, hidráulica, nuclear- mientras las fuentes alternativas están escasamente explotadas (obligando a las consabidas importaciones que encarecen los costos de producción), unas materias primas minerales poco competitivas y la tradicional escasez en la inversión de capitales (que conlleva la dependencia del extranjero en capital y tecnología), vio notablemente agravados los efectos de la crisis del petróleo (iniciada en 1973), porque al incremento de los precios del petróleo y de las materias primas, se unió la disminución de las inversiones extranjeras, de las remesas de emigrantes y del turismo. Los 80 fueron años de crisis extrema, de extraordinario aumento del paro (acentuado por el retorno de los emigrantes) y de la llamada economía sumergida (producción no declarada). Las medidas gubernamentales para hacer frente a la crisis tardaron en llegar y la inflación (en 1977 era del 26,4%) y el déficit exterior (debido al incorporar al sector público empresas privadas de baja productividad) siguieron aumentando agravando los efectos sociales. Hasta 1977, en los llamados Pactos de la Moncloa, no se pone en marcha un plan general de reestructuración económica con el objetivo principal de bajar la creciente inflación (con moderación salarial) y de reducir el elevado déficit exterior (devaluación de la peseta en un 24,87%). Sin embargo, estas primeras medidas afectaron negativamente al crecimiento económico y al desempleo, pasando este último, de un nivel del 3,4% en la década de 1970 al 20,5% en 1987.
A partir de la la reactivación económica que se inicia en EE.UU. en 1983 y que llega a Europa en 1984 se reinicia el crecimiento económico de España a finales de los años 80, aunque menos intenso que el vivido en la década de 1960. Uno de los factores de este crecimiento fue la citada adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, con la consiguiente eliminación de las barreras al comercio en el interior del área comunitaria, el aumento de las inversiones extranjeras y del turismo, estimulados por el auge económico que se vivía en el resto de Europa, y el incremento de la demanda interna.
Es el sector servicios el que conoce una gran expansión (en 1991, un 60% de la población activa), concretamente el comercio exterior (aunque continuará teniendo una balanza comercial deficitaria), la banca y, especialmente, el sector turístico (España será desde entonces el segundo país turístico del mundo) que llegará a ser el principal responsable del incremento de la renta nacional.
Los decretos de reconversión industrial pretendían facilitar el fin de la crisis y acelerar la introducción de la economía española en la tercera fase de la industrialización transformando los sectores poco competitivos (automóvil, electrodomésticos, calzado, textil), desmantelando o reconvirtiendo los obsoletos (siderurgia, construcción naval, minería) y, en definitiva, poniendo al día la industria española con el desarrollo de sectores competitivos que crearan nuevas ocupaciones. En los años noventa este proceso no se había completado totalmente pues las industrias tradicionales que subsistían (siderurgia, naval, automóvil, electrodomésticos) tenían dificultades de reconversión a las nuevas tecnologías debido al mantenimiento de los déficits estructurales (fuentes de energía limitadas, escasez de capital), aunque se observaba la aparición o el crecimiento de sectores más competitivos (telemática, química, alimentaria) en manos de multinacionales (excepto el caso del cava en Catalunya). A estas dificultades internas de la economía española se añade el crecimiento de la competencia internacional por los nuevos países industrializados, las economías emergentes asiáticas y sudamericanas de mano de obra más barata y menor presión fiscal, la de las potencias industriales mucho más avanzadas tecnológicamente y el inicio de un nueva fase recesiva en la economía internacional que afecta a la UE a partir de 1993.
La renta per cápita española, en efecto, continúa creciendo a medio plazo (1975, 2486 dólares/per cápita; 1980, 4000 dólares/per cápita; 1994, 15000 dólares/per cápita) y la sociedad española llega a alcanzar niveles de vida similares al resto de los países de la UE con el inicio de la llamada sociedad de consumo (no generalizada todavía) y la distribución propia de las sociedades clasistas occidentales, destacando el fuerte incremento de las clases medias a las que pertenece un sector mayoritario de la sociedad (y en las que se incluyen fundamentalmente asalariados de nivel cultural y económico intermedio) el nivel de vida del cual esta a mucha distancia del de la alta burgesia. Durante este período de tiempo, la sociedad española adquiere, lentamente, las características propias del sistema de valores de la sociedad burguesa liberal: laicismo, relativismo, racionalismo, tolerancia, individualismo, clasismo, racismo (atemperado en tiempos de bonanza) y feminismo (muy poco a poco).
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La evolución política
El proceso hacia la democratización fue largo y complejo. Los últimos meses del régimen franquista fueron de gran inestabilidad y, tras la muerte del dictador, Juan Carlos I es nombrado rey el 22 de noviembre de 1975 mientras Arias Navarro prosigue con una política continuista, pero la situación es muy complicada porque la mayoría de las fuerzas políticas sabían que no era posible continuar el franquismo sin Franco. Entre los franquistas, divididos, los inmovilistas eran los únicos que tenían esta esperanza y no estaban dispuestos a realizar el más mínimo cambio, otros de sus partidarios admitían que habría que hacer algunas reformas (Utrera Molina) y los aperturistas (Fraga Iribarne, Suarez, Areiza) estaban dispuestos a mayores cambios, permitiendo cierta participación policía y pluralismo (de los liberales de la democracia cristiana, o incluso de la socialdemocracia los más reformistas), pero siempre controlando el proceso a fin de seguir manteniendo el poder. A finales de 1975 los franquistas creían que contaban con una amplia base social (burguesía y sectores populares rurales y de clases medias, militares, terratenientes y eclesiásticos) que se lo permitiría.
Las fuerzas políticas de la oposición (liberales, comunistas, socialistas, nacionalistas vascos y catalanes) en ese momento eran partidarios de la ruptura con el régimen, una amplia amnistía y la formación de un gobierno de coalición con todas esas fuerzas políticas que convocara elecciones hacia una (¿república?) democrática descentralizada (el PC planteaba la ruptura más radical que incluía procesos judiciales a destacados franquistas). La opción revolucionaria no se planteaba en ningún caso. Las expectativas de la oposición se basaban en la creencia de contar con una amplia base social de apoyo: de las masas populares y sectores de las clases medias, y esperaban convencer a la burguesía de las ventajas de la democracia que permitiría la integración de España en la Comunidad Europea. No pensaban que el régimen tuviera muchos defensores. A finales de 1975 no había perspectivas de negociación entre ambas posturas (franquistas y oposición). Pero los acontecimientos de los meses que transcurren entre 1976-1977 demostrarían a unos y a otros que estaban equivocados y les obligarían al consenso y, en este sentido, a concesiones por ambas partes (especialmente a los rupturistas que tuvieron que abandonar su proyecto).
En los primeros meses de 1976, la oposición representada por la Coordinación Democrática (unidas las Plataforma Democrática con la Junta Democrática y otras fuerzas centristas en lallamada Platajunta) plantea una política de ofensiva con una fuerte movilización social (obrera y estudiantil) para apoyar la ruptura teniendo como objetivo debilitar al gobierno y forzar la negociación, mientras se suceden las huelgas (en el norte, en Vitoria, durarán 54 días) y los enfrentamientos debidos a la crisis económica. Ante estos hechos, la respuesta inmediata del gobierno Arias es la de una dura represión. Finalmente se inicia el proceso de cambio: en Julio del 76 Juan Carlos nombra a Adolfo Suárez como nuevo presidente de gobierno iniciándose una política reformista –Ley de la Reforma Política, aprobada en noviembre - tras difíciles negociaciones de las fuerzas franquistas ya que incluía la amnistía, transformación de las Cortes en un Congreso de Diputados y un Senado elegidos por sufragio universal, y el reconocimiento de la oposición menos radical en una apertura política que no llegaba, obviamente, a la democracia total. Aun continúan las movilizaciones de la oposición (como la del 11 de septiembre en Sant Boi ) pero cuando en diciembre de 1976 el gobierno convoca un referendum para aprobar la LRP, una amplia mayoría lo refrendó aunque la oposición había predicado la abstención (que sería de un 22,6% ) con los (escasos) medios de que disponía. Este hecho permite aclarar la correlación de fuerzas, manifiesta la pérdida de poder de los inmovilistas que no querían cambio alguno, pero también de la oposición que quería una ruptura, especialmente del Partido Comunista que mantenía una postura mucho más radicalizada (y que todavía debe luchar por su legalización). Una de las características del franquismo que hereda la sociedad española es el miedo, en este caso, el miedo al cambio político y el riesgo a un enfrentamiento sociopolítico de graves consecuencias, por ello la mayoría de la sociedad española (la mayoría silenciosa) teme la ruptura aunque no quiere la continuación de la dictadura, su moderantismo, en un equilibrio entre ambas, marca la evolución de la transición. Suárez ha conservado el poder, pero debe buscar el consenso con los socialistas para poder gobernar.
En los primeros meses de 1977, hasta las elecciones, el Partido Socialista irá ganando terreno en el seno de la oposición hasta convertirse en hegemónico de la izquierda (moderada) y el gobierno de Suarez se fortalecerá como centro-derecha (creará un partido que será la Unión del Centro Democrático). Ambas fuerzas convergen hacia la opción reformista (monarquía, bandera española -difícil de aceptar después de la apropiación franquista de este símbolo español-, unidad de España, legalización de todos los partidos y sindicatos, libertades democráticas, amnistía, autonomía) abandonando la ruptura (República, federalismo, autodeterminación, responsabilidad ante la ley de los líderes franquistas) y el continuismo (dictadura) ante el descontento de la izquierda radical (acciones terroristas del GRAPO y de ETA) y de la extrema derecha (atentado contra los abogados laboralistas de CCOO). Mientras el gobierno liquida legislación e instituciones franquistas (como el Movimiento Nacional) y legaliza el PC y el PSUC en Catalunya (abril 1977), los dirigentes comunistas (eurocomunistas) renuncian a la ruptura y aceptan el reformismo como una vía pacífica hacia el socialismo (creando un fuerte descontento entre sus seguidores). El resultado de las elecciones a Cortes Constituyentes de junio ratifica la tendencia anunciada: triunfo de la UCD (34%), el PSOE se sitúa como segunda fuerza política a poca distancia (28,9%), mientras que el PC-PSUC (9,2%) y Alianza Popular (8%) se encuentran muy alejados. En septiembre, una nueva manifestación en Barcelona (de más de un millón de personas) recuerda el eslogan de la oposición: Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia. En octubre se firman los Pactos de la Moncloa (recortes salariales) para frenar la crisis económica. Ese mismo mes, la restauración de la Generalitat provisional con Josep Tarradellas (en el exilio) como presidente y del Consejo General Vasco en enero 1978 anticipaban la descentralización.
La Constitución elaborada correspondería al consenso entre las fuerzas triunfadoras en las elecciones (UCD-PSOE) con renuncias y éxitos mutuos, necesariamente ambigua y poco concreta (con constantes alusiones a leyes posteriores) que en diciembre de 1978 fue aprobada en referéndum con un 88% de votos. Establecía que España era una monarquía (el rey es el jefe superior de las fuerzas armadas) democrática, descentralizada y no confesional. Pero la transición democrática aun no había terminado.
En marzo de 1979 se convocan elecciones legislativas y, nuevamente, la UCD de Suárez se alza con el mayor número de votos, aunque la distancia con el PSOE fue menor, pero a partir de entonces el desgaste de su gobierno es muy grande ante la gravedad de la crisis económica (aumento del paro, de la inflación, huída de capitales, huelgas), los atentados continuados de ETA, el GRAPO y de la extrema derecha, el fracaso relativo en las elecciones municipales (ayuntamientos de izquierda en las grandes ciudades), la derrota en las autonómicas de Catalunya (Convergència i Unió de Jordi Pujol) y el País Vasco (PNV de Carlos Garaikoetxea) en 1980, y la creciente oposición del ejército (sectores militares profundamente indignados por la legalización del PC y la aprobación de las autonomías), por lo que dimite en enero de 1981.
Durante la ceremonia de investidura del nuevo presidente del gobierno, Calvo Sotelo, tuvo lugar el golpe de Estado fracasado del teniente coronel de la Guardia Civil, Tejero, del 23 de febrero de 1981 representando sectores del ejército opuestos a la transición. A partir de este acontecimiento que retrotrae al pasado, se inicia la consolidación de la democracia (por lo que algunos historiadores consideran que el período de la transición finaliza aquí), aunque la amenaza antidemocrática de las fuerzas fascistas será utilizada por sectores centralistas para limitar el proceso autonómico con la LOAPA en 1982 (y, quizás, justificaba también el moderantismo para los dirigentes socialistas). En las elecciones de octubre, mientras la UCD y el PC se hunden, el PSOE de Felipe González, con mayoría absoluta, forma un gobierno socialista por primera vez en la historia de España (1982-1996). El cambio que propugnaba era reformista y su primera preocupación fue la crisis económica y el paro que generaba. De ahí los decretos de reconversión industrial y de liberalización económica para relanzar la iniciativa privada, limitar la inflación y favorecer los beneficios empresariales que "crearían nuevos puestos de trabajo". Mientras tanto, la reforma laboral permitía los llamados “contratos basura”, la legalización de las empresas de trabajo temporal (trabajo precario) y el recorte de las prestaciones por desempleo (distanciándose de la UGT y con fuertes críticas por parte de la central sindical hegemónica, CCOO, -la histórica CNT no se recuperó-). En 1988 se convocó una huelga general que evidenciaba el malestar social y sindical existente. La reforma fiscal incrementó los impuestos directos (granjeándose la oposición de las clases medias). La integración en la OTAN (1981) y en la CEE (1986) pusieron definitivamente fin al aislamiento internacional. Con los Fondos de Desarrollo de la UE para el período de 1994-1999 con los que la la Comunidad pretendía fortalecer la economía de los países más pobres (España, Irlanda, Grecia y Portugal), de los que España recibió más de la mitad ( además será el país de la UE que más dinero reciba del Fondo de Cohesión y, tras Francia, de la PAC ) se llevó a cabo la ampliación y modernización de las infraestructuras, financiada también mediante un aumento de la deuda pública.
Los gobiernos de Felipe González combinaron la lucha contra la crisis económica con reformas sociales aprovechando la reactivación económica de finales de los 80, es entonces cuando se impulsa el programa del Estado del Bienestar garantizando la sanidad pública gratuita para todos, pensiones de jubilación y subsidio de paro. La reforma de la enseñanza garantizaba la escolarización hasta los 16 años según la LOGSE (1990) impulsando la escuela pública pero también la privada (concertada). Aún así, en las elecciones de 1989 el PSOE tuvo una sensible pérdida de votos a pesar de ganar las elecciones, y la crisis económica del 93 afectó todavía más a su popularidad (oposición de la alta burguesía y sectores de clases medias), finalmente, el terrorismo de Estado (acciones de los Gal) y los casos de corrupción económica de altos cargos de la administración influyeron decisivamente en su declive. En las elecciones de 1993 ya perdió la mayoría absoluta y en 1996 el PP de José Mª Aznar ganó las elecciones. El cambio de poder se llevó a cabo de una manera totalmente normalizada, la democracia burguesa ya estaba definitivamente consolidada.
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